El transporte se ha considerado
esencial para que los países alcancen un nivel que les permita participar de
forma competitiva en los mercados internacionales y se ha convertido en una
importante preocupación para algunos países. Diversos documentos han revelado
la correspondencia entre ambas variables al indicar que unas buenas
infraestructuras y servicios influenciarían positivamente en la competitividad
de los países, pues su inserción y participación en los mercados dependería de
una oferta de productos a precios atractivos, como consecuencia de los menores
costes de transporte. En torno a la expresión de “competitividad” han surgido
diversas conceptualizaciones. Una primera definición se refiere a cómo los
países y las empresas dirigen la totalidad de las competencias y habilidades
necesarias para conseguir su progreso o sus beneficios. Es por ello que una
característica relevante de la competitividad es la consideración de
“conjunto”. En segundo lugar, la competitividad corresponde, cuando sólo se
analiza el contexto de los países, a un campo de la teoría económica que
estudia los hechos y políticas que conforman las capacidades de los países para
crear y mantener un ambiente que conduzca a una mayor creación de valor
económico para sus empresas y a más prosperidad para sus ciudadanos. Un tercer
planteamiento relaciona el vocablo con la participación de los bienes y
servicios de un país en el mercado mundial. Sin embargo, la mayoría de los
analistas consideran que para entender adecuadamente la competitividad es
necesario tomar en cuenta la productividad de una economía, la cual es medida
por el valor de los bienes y servicios producidos por unidad de recursos naturales,
humanos y de capital. La competitividad se ha analizado teóricamente desde
varios puntos de vista. Uno de ellos es el enfoque de la ventaja competitiva de
Porter (1991, 63 – 240) que considera que el éxito en el acceso a los mercados
extranjeros se produciría con la formación y competitividad de los denominados
clusters. Estos conglomerados se encuentran determinados por la interacción de
cuatro elementos: las condiciones de los factores, que abarca a las
infraestructuras como uno de sus insumos, las condiciones de la demanda, los
sectores conexos y auxiliares, así como la estrategia, estructura y rivalidad
interior de las empresas. Atendiendo al primer elemento, la dotación y el rango
de los componentes humanos, naturales, de conocimiento, de capital y de
infraestructura se estimarían como relevantes para alcanzar la competitividad,
por lo que sería fundamental crear recursos generalizados, como las redes
viales, y recursos avanzados, que comprenden a las infraestructuras de
transporte. La existencia de desventajas en alguno de estos campos constituiría
un estímulo para innovar, originándose, así, una ventaja competitiva. El Estado
debería crear el entorno para que las empresas puedan mejorar las ventajas
competitivas. Los esfuerzos de las políticas públicas se tendrían que dirigir a
la ampliación de la base productiva en infraestructura física,
telecomunicaciones y capital humano, al estímulo de la innovación tecnológica y
a la incorporación de la creatividad y el conocimiento en las actividades
productivas. La provisión de un marco institucional y de servicios eficientes
eliminaría los obstáculos endógenos y exógenos en las empresas. De esta forma,
se propiciaría la competitividad estructural, que implica reconocer no sólo que
la competitividad empresarial refleja las prácticas gerenciales, sino que
también deriva del vigor y eficiencia de la estructura productiva de una
economía nacional, su infraestructura técnica y otros factores que determinan
las externalidades sobre las cuales se construyen las empresas.
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