En primera persona.

Memorias.

Dice Hernando de Soto que las inclusión que impacta primero en el crecimiento y después en el desarrollo económico es la inclusión económica y no la inclusión social como es la tendencia a interpretarla en la mayoría de las economía diferentes con resistencia especialmente de quienes deciden en las economías antepuestas y en algunos casos en las economías bisagra, una inclusión económica que en la teoría y doctrina que ese economista defiende junto a otra gente, es lisa y llanamente que un camino inducido desde la informalidad a la formalidad de las economías que normalice generalizando los derechos de propiedad y las reglas de apropiación, pero nada de esto será posible si en estructuras sociales residuales como las que tenemos no se termina de entender que no deben funcionar las dos memorias, la que es puramente intuitiva y la que es de naturaleza más racional, la que se pone en marcha a partir de la experiencia y la que utilizamos a partir del recuerdo, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches esta es la que más utilizamos pero es la que más distorsiona, por esos no podemos desalentar hoy con episodios que no son ni la sombra de graves que otros episodios del pasado, parafraseando a Kahneman. (Resumen Alejandra Dandan) Informe preliminar de la Comisión Nacional de Valores –elaborado por una antropóloga, un historiador y un sociólogo– describe la política de Martínez de Hoz, muestra el caso Acindar y Papel Prensa y se ocupa de analizar las actas, muchas de las cuales se exponen públicamente por primera vez, para mostrar cómo funcionó el sistema financiero durante la dictadura, aparece una CNV actuando bajo un doble estándar que articula lo legal con lo clandestino. Por un lado, investiga operaciones financieras fuera de los parámetros de aquella legalidad (o blanquea operaciones a través de omisiones de datos, como sucedió en Papel Prensa). Pero, por otro lado, articula sus investigaciones operativamente con áreas como el Primer Cuerpo del Ejército y envía peritos en “comisión” a Campo de Mayo para interrogar a los empresarios secuestrados. Las denuncias muestran a los interventores en centros clandestinos. Esta “embestida sistemática contra las empresas”, de acuerdo con el informe, se dio en un mundo de roles y poderes cruzados, donde se jugaron internas, y en el que, en algunos casos, secuestrados y secuestradores compartieron espacios de poder. La CNV es una entidad autárquica y tiene jurisdicción en todo el país. Se creó en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, para “velar por la transparencia de los mercados de valores y la formación de precios”. A partir del 24 de marzo de 1976 quedó intervenida. Juan Alfredo Etchebarne fue designado presidente el 10 de junio de 1976, pero hasta ese momento era abogado, amigo y nombrado por el ministro de Economía Martínez de Hoz, ubicado como parte del Grupo Azcuénaga y había sido gerente de Control de Legalidad de la CNV entre 1969 y 1972. Otro directivo activo durante el terrorismo de Estado fue René Garris, del área de Legales. Los dos están denunciados por haber presenciado interrogatorios. El organismo reunió, además, a civiles con militares: las Fuerzas Armadas tuvieron intervención desde el comienzo y a partir de 1979 representación completa de las tres armas. Ese es, para el informe, un “año bisagra”: el período más álgido de denuncias e intervenciones de la CNV entre empresas y empresarios. Desde 1976, la CNV se concentró especialmente en cuatro casos: Banco de Hurlingham, Siderúrgicas Grassi, La Agrícola y compra venta de acciones de Celulosa y Canale. Todas tenían el doble estándar de ser empresas y financieras y están atravesadas por la sombra del Grupo Graiver, que aparece una y otra vez en las actuaciones de la CNV. El modo en que el organismo operó frente a esas empresas, como revisor de actividades que efectivamente parecían fuera de control, permite entender el sistema de intervención más general y cómo lo legal se combinó con lo clandestino. Además de ellos, las denuncias incluyen a un grupo de cuatro peritos que concurrió en “comisión a Campo de Mayo” a pedido del coronel Roberto Leopoldo Roualdes durante el período en el que fueron secuestrados el grupo de Hurlingham, Siderúrgicas Grassi y La Agrícola. Los peritos son Julio Spinoza, Horacio Muñoz, Carlos Berini y Pedro García. “El Ejército pide cuatro peritos para que cumplan horarios de oficina en Campo de Mayo y discuten si les van a pagar o no viáticos”, indica Walter Bosisio, también integrante del equipo que elaboró el Informe. “Los peritos no preguntaron por qué tenían que ir; van y colaboran. El Ejército tiene 20 o 30 personas, dueños de empresas, pero no sabe qué preguntar. Allí la CNV entra a colaborar aportando peritos que son contadores y abogados que saben qué tiene cada uno”. Los peritos recibieron más tarde una carta de agradecimiento y felicitación de Roualdes por las tareas cumplidas con “tanto esmero”. Uno de los méritos del informe es la intención de empezar a trazar un mapa más amplio sobre el secuestro del sector empresario. Allí no están solo los casos en los que intervino la CNV, sino todos: los que cotizaban en Bolsa y los que no. Están los grupos secuestrados entre 1976 y hasta 1983. En el primer momento, las víctimas parecen ser más “empresarios” netos, y son los casos más conocidos: Cerro Largo por Chacras de Coria, Papel Prensa, del Grupo Graiver (16 personas) y Mackentor (34 personas secuestradas) en Córdoba. Luego aparecen aquellos que también son financistas. Ese es de hecho el momento “más álgido” de intervención de la CNV. “El secuestro a empresarios y financistas implicó una dinámica represiva en algún punto particular y diferenciada respecto de aquellos que fueron desaparecidos por razones políticas y sociales, entre otras”, indica el Informe. “En un primer lugar, el objetivo de los secuestros era detectar el aspecto económico de la ‘subversión’ en dos sentidos”: 1) Una parte de los secuestros se dirigió a buscar el dinero de organizaciones consideradas “guerrilleras” o “subversivas”. 2) Otra parte buscó operatorias empresariales que supuestamente “atentaran contra la economía argentina”. Esta idea también se lee como “causa” o “excusa” de una dinámica que incluyó “iniciativas privadas” Para el caso 1 se recuerdan testimonios de algunos empresarios: Marcelo Augusto Chavanne (Grupo Chavanne Grassi) indicó que el interventor de la CNV Juan Alfredo “Etchebarne impulsaba a descubrir los 20 millones de Montoneros”. Luis Taub (Hotel Liberty) dijo: “El secuestro se produce por supuesto manejo de dinero del movimiento uruguayo Tupamaros”. O los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino: “En los interrogatorios nos preguntaban por nuestros vínculos con el ERP”. “Cuando secuestran a Eduardo Saiegh, dos directivos del banco se plantan en Casa de Gobierno y salen a hacer una denuncia en los medios: los que piden por él son el general Jorge Shaw y Bernardo Grinspun. Y esto muestra que entre víctimas y victimarios había muchas veces un espacio común de poder, económico, de relaciones políticas, sociales y familiares. Iban al Lawn Tennis Club”, dice Celeste Perosino, del equipo de investigación de la CNV. El padre de Enrique Mansilla, uno de los secuestrados por el Banco de Hurlingham, pertenecía a la Marina y al Grupo Azcuénaga, como Etchebarne. Fernando Combal, de Finsur SA, fue secuestrado por una banda de la que participó Leandro Sánchez Reisse, del Batallón 601, con el que Combal tenía empresas y hacía negocios. Finsur SA era una financiera muy conocida, Combal era un prestamista de opinión de los que podía ser invitado al programa de Mirtha Legrand.