En primera persona; eficiencia ineficiencias.

Si son ineficientes que se pierdan en el universo del trash de los que no producen óptimamente y si son eficiente que supervivan sin embromar a los consumidores, sería bueno ver cuántos quedan, el gobierno los tiene que apretar abriendo importaciones, cuando se trata de los empresarios que tienen ingresos bajo la forma de beneficios o rentas o intereses que siempre fueron sustancialmente más elevados que las demás remuneraciones a los demás factores o evolucionaron más intensamente, se arman unos líos bárbaros de tensiones porque los señores ponen el grito en el cielo, qué bueno sería ver alguna vez un país de solidarios donde estos mismos personajes eleven con la misma intensidad sus gritos al cielo cuando se trata de los trabajadores cuyos salarios son sistemáticamente disminuido por decisiones que toman estos señores que además producen los bienes y servicios que se consumen adentro y afuera de la economía, o cuando piden devaluaciones a moco tendido porque han absorbido una distribución un poquito más equitativa del ingreso, son peores que el gobierno que critican para tener a quién echarle la culpa, hablan como si copiarle a los norteamericanos fuera top y copiar a Venezuela como hacer un pacto con el diablo, estos no son eclécticos (extractos de artículos si se les puede llamar artículos a los mamarrachos que se publican) que dicen que Venezuela es un buen ejemplo para anticipar lo que luego puede ocurrir en la Argentina. Las restricciones y regulaciones en el mercado cambiario, la administración de precios y la política comercial vinculada a la contención de la inflación, sobresalen en este juego de comparaciones y similitudes. La restricción al acceso de dólares que Cristina Kirchner decidió aplicar pocas horas después de obtener la reelección, en octubre de 2011, fue la normativa que obligó a mirar nuevamente a Venezuela. Allá, el cepo cambiario arrancó mucho antes, en 2003. En Venezuela, el dólar tiene una cotización oficial de 6,3 bolívares. El venezolano que no puede acceder a ese precio y acude al mercado oficial acepta pagar 300% más: 23,50 bolívares. Allá se acude a la compra de bonos que luego son liquidados en el exterior (Contado con liqui). Lo mismo ocurre acá. Pero la brecha por ahora no es tan amplia. Contra los 5,12 del precio oficial se llegaron a pagar esta semana hasta 8,75. La distancia entre uno y otro, casi 70% Un año antes de las elecciones presidenciales que ganó en octubre de 2012, Chávez decidió un congelamiento de precios para bajar la inflación, que se acercaba al 30% anual. Chávez, pomposamente, lo llamó Ley de Costos y Precios Justos. Metió en esa canasta 18 productos de primera necesidad. Entre ellos el agua natural, el jugo de fruta, lavandina, jabón, detergentes líquidos, limpiadores, champú, desodorantes, papel higiénico y los pañales descartables. A las pocas semanas, Chávez complementa el congelamiento con la importación masiva de alimentos, para bajar los precios. En un año, estas compras se comieron cerca de 15.000 millones del superávit de la balanza comercial. Se decía que las empresas importaban alimentos solo para acceder al dólar a precio oficial. Y que hasta se llegaba a tirar a la basura al alimento importado porque no había dónde colocarlo. Lo importante era acceder al dólar. Acá el congelamiento arrancó el 1 de febrero, y ahora ya se habla de abrir las importaciones para “castigar” a los que se aprovecharon de la protección para aumentar precios en lugar de producir más. Lo dijo Cristina el jueves y se los reiteró a los empresarios Guillermo Moreno, el viernes. Finalmente, Maduro (con Chávez en coma) decidió una devaluación del 32%. Ahora habla de flexibilizar el acceso a la compra de dólares. Dos pasos que acá todavía no se dieron. ¿Será solo una cuestión de tiempo?