Benedictionibus
et deliria.
Igual que en la vidriera
irrespetuosa de los cambalaches, bendiciones y alucinaciones, éramos poco y
parió la abuela en todas estas cuestiones de las tensiones sociales que se
habilitan cada vez que los del gobierno la quieren emprender para algún lado en
realidad para cualquier lado, porque haga lo que haga, lo que sale claro de
todo el cúmulos de opiniones protestas es que hay un cansancio “con” el
gobierno, apareció la institución que no debería aparecer en estos contextos a
marca posiciones, y con la institución aparecieron los curas hablando de
cuestiones que no son de sus esencia, para esas tensiones sociales que son algunas
naturales de la fricción social en estructura social residual pero que otras
son tensiones artificiales o la consecuencia de perversos mecanismos de
retroalimentación donde los responsables somos directamente todos los que
estamos dentro del sistema con la excepción de los niños y los incapaces
especialmente, aún con la pila de años que llevamos de democracia se ve que
estas partes de las lecciones de bancar al que es botado de respetar la
investidura del que elegimos de usar el protocolo para el trato, no los
aprendemos es más fuerte que nosotros putear antes que bendecir en todo caso ya
que estamos en la instancia religiosa. (Crónica) En una severa reacción ante
los controvertidos proyectos del Gobierno para reformar el Poder Judicial, que
el oficialismo procura contra viento y marea que el Congreso apruebe en un
trámite exprés, la Iglesia advirtió ayer acerca de los peligros que conllevaría
un apresuramiento de su sanción para la salud de la República. “Entendemos que
un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de
debilitar la democracia republicana consagrada en la Constitución, precisamente
en una de sus dimensiones esenciales como es la autonomía de sus tres poderes”,
consideró el documento dado a conocer en el día de ayer. En una declaración, de
solo dos párrafos, titulado “Justicia, democracia y Constitución nacional”,
elaborado por el casi centenar de obispos de todo el país que sesionan esta
semana en Pilar, bajo la presidencia de su titular, monseñor José María Arancedo,
se señala: “Los proyectos de ley que se encuentran en el Poder Legislativo en
orden a regular el ejercicio de la Justicia presentan aspectos que merecen un
profundo discernimiento por la importancia de la materia que tratan. Por ello
se requiere de amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia
con la magnitud de los cambios propuestos”. El pronunciamiento constituye el
primer cuestionamiento del Episcopado a una iniciativa de la Casa Rosada en la
era kirchnerista que no tiene que ver con cuestiones de moral cristiana, como
el matrimonio gay. Y amenaza con volver a tensar la siempre delicada relación
de la Iglesia con el Gobierno, que pareció mejorar tras la elección de Jorge
Bergoglio como Papa, que dio paso a un cordial encuentro de Cristina Kirchner
con Francisco y, posteriormente, a dos fluidas reuniones de la presidenta con
Arancedo, la primera en Roma y otra, la semana pasada, en la Casa Rosada. Los
proyectos -que Cristina defendió con fuerza cuando los presentó, la semana
pasada- incluyen, entre las iniciativas más resistidas, cambios en el Consejo
de la Magistratura (que se ocupa de designar y remover jueces) que, a juicio de
la oposición y de la mayoría de las organizaciones de magistrados y de las
asociaciones de abogados, amenaza seriamente la independencia de la Justicia.
Incluso, sectores del kirchnerismo como el Centro de Estudios Legales y
Sociales (Cels), que preside Horacio Verbitsky, cuestionaron algunos aspectos
como la limitación de las medidas cautelares. Además, el oficialismo se abocó a
un trámite exprés de los proyectos, inicialmente bajo la premisa de que no se
les cambie “ni una coma” (ayer los tres que no son resistidos recibieron
dictamen de comisión en diputados y hoy será el turno del Senado en relación a
los tres más controvertidos).
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